Blog de Juan-Luis Alegret

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21 jun. 2010

La izquierda del siglo XXI. Ignacio Urquizu

El 7 de junio se cumplió un año de la derrota electoral de la izquierda europea. Desde entonces, ha sido extraña la semana en la que no se ha organizado un seminario o hemos leído un análisis sobre la supuesta crisis de la izquierda. De repente, la combinación de una derrota electoral con una crisis económica global está llevando a mucha gente al pesimismo. Pero lo cierto es que, si nos alejamos de la coyuntura y realizamos un análisis con cierta perspectiva, no estamos tan mal.
Todos los estudios de sociología electoral revelan que la ideología sigue explicando gran parte del
comportamiento político de los ciudadanos. Aunque algunos pontificaron hace años el fin de la historia y de las ideologías, las ideas siguen moviendo el mundo. De hecho, la ideología es la forma más coherente de ordenar los proyectos políticos. Nos permite reducir y simplificar el mundo, haciéndolo más comprensible para la mayoría de los ciudadanos.
Esta supuesta crisis de la izquierda tampoco es defendible si atendemos a la presencia de partidos progresistas en el poder. Entre 1945 y 2006, en las principales democracias parlamentarias, solo el 21% de los Gobiernos pueden ser calificados de izquierdas. Además, mientras que en la década de los 40 solo el 17% de estos Gobiernos eran progresistas, en los últimos años, antes de la crisis, esta cifra se ha elevado al 24%. De hecho, nunca la izquierda había gobernado en tantas democracias desarrolladas como en los 80, 90 y principios del siglo XXI.
Finalmente, si nos detenemos en la acción de gobierno, las diferencias entre izquierda y derecha siguen siendo relevantes. Incluso en escenarios tan adversos como la Europa de los 90, donde los Gobiernos estaban limitados por el Tratado de Maastricht y la crisis económica, las diferencias en el gasto público siguieron siendo relevantes. Los partidos progresistas hicieron mayores esfuerzos en inversión de capital fijo y humano que los Gobiernos conservadores. Es decir, las políticas de ajuste son bastante distintas si las lleva a cabo la izquierda que si las implanta la derecha.
Entonces, ¿qué le está pasando a la izquierda? La realidad ha cambiado y eso le va a exigir enfrentarse al futuro con un nuevo relato. Muchos de estos cambios no son propios de un solo país, sino que son compartidos por las democracias desarrolladas. De hecho, en muchas ocasiones, ha sido la acción de Gobiernos de izquierdas la que ha propiciado estas transformaciones. Tres son los retos que tiene en estos momentos la izquierda, especialmente la europea.
El primero de ellos es político. Una izquierda que aspire a defender a los ciudadanos no puede permitir que las democracias sean cada vez menos democráticas. En las últimas décadas, observamos un "progresivo debilitamiento de las instituciones representativas" (Ignacio Sánchez-Cuenca, Más democracia, menos liberalismo, Katz Editores).
Un ejemplo de este retroceso es la creación de instituciones contramayoritarias. Estas se caracterizan por tener un "dudoso" origen democrático, puesto que sus miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos. Además, sus integrantes tienen un mandato temporal superior al de los políticos que les eligieron, con el fin de que no respondan a los ciclos políticos. Estas instituciones son muy influyentes en nuestras vidas y deciden cosas tan importantes como la política monetaria en el caso de los bancos centrales, la legalidad en el del Tribunal Supremo o la constitucionalidad de nuestras leyes en el del tribunal correspondiente. La izquierda debería aspirar a limitar el poder de estas instituciones y, en la medida de que fuese posible, reforzar el poder de los Parlamentos. Pero las instituciones representativas no solo han cedido poder en beneficio de otras menos democráticas. Además, tal y como viene señalando el Informe sobre la Democracia de la Fundación Alternativas, ciudadanos y expertos coinciden en que uno de los principales problemas de nuestra democracia es la enorme interferencia del poder económico sobre el político. Y esto nos conduce al segundo reto: la gestión de la economía.

En el último año, hemos visto cómo los mercados, en muchas ocasiones, pueden ser más poderosos que los ciudadanos. Pero, ¿quiénes son los mercados? La izquierda debe defender una mayor transparencia: poner rostro, nombre y apellidos a los mercados. ¿Quiénes están condicionando con tal virulencia a Gobiernos democráticos?
El objetivo último debería ser realizar un diseño institucional que saque lo mejor de los agentes económicos.
Como muy bien ha señalado Félix Ovejero en estas páginas (EL PAÍS, 4-6-2010), no se trata de cambiar el sistema de valores o las bases del comportamiento humano. Deberíamos caminar hacia un modelo de desarrollo económico que no se reduzca a un juego de suma cero, donde lo que unos ganan, los otros lo pierden -por ejemplo, en eso consisten las operaciones financieras en corto y a la baja-. La izquierda debería aspirar a un modelo de desarrollo económico en el que la competición haga más fuerte a todas las partes y, en la medida de lo posible, todos ganen.
Para ello debería diseñarse un sistema de incentivos que penalice los malos comportamientos, por ejemplo con una tasa impositiva sobre movimientos especulativos, y premie los buenos. Además, es necesario controlar a los controladores. ¿Por qué no otorgar calificaciones a las agencias de calificación?
El tercer y último reto se enmarca en la sociedad. Los parámetros sobre los que se construyó el Estado de bienestar han cambiado. Por ejemplo, en España, en 1982, la esperanza de vida era de 73 años. En la actualidad es de 81. Es decir, el sistema de pensiones de principios de los ochenta estaba diseñado para unos jubilados que vivirían de media ocho años más. En cambio, en la actualidad, esta cifra se ha doblado. Además, el gasto público tiene sus restricciones. Los ingresos no son infinitos y, como se ha señalado, entre los rasgos definitorios de la izquierda está su mayor preocupación por el gasto productivo -capital físico y humano-. Por lo tanto, no puede destinar todo el gasto público a política social.
Por estas dos razones, es necesario redefinir el Estado de bienestar. Se trataría de alcanzar dos objetivos. En primer lugar, primar los componentes redistributivos de la política social frente aquellos que son regresivos. Es decir, no todo gasto social transfiere renta hacia las clases bajas y, en algunas políticas, las clases altas son mucho más beneficiadas -el gasto en educación superior, por ejemplo-. Un ejemplo de este tipo de medidas lo acabamos de ver en las últimas semanas. Los ajustes anunciados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero preservan la parte del gasto más redistributivo. Las pensiones mínimas y no contributivas, que tienen un alto componente igualitario, van a seguir revalorizándose. Es decir, se trataría de hacer un mayor esfuerzo en aquellas partes del gasto que más ayudan a la igualdad social frente a otras que no necesariamente lo logran.
En segundo lugar, es un cambio de filosofía. El futuro Estado de bienestar debería tratar de adelantarse a los problemas sociales y preparar más que reparar. Hasta ahora, el Estado de bienestar trataba de dar solución a problemas ya existentes. El Estado de bienestar del futuro debería anticiparse a estos problemas. Para ello, debería concentrar sus esfuerzos en los tres grupos sociales que están en la base de muchas de las desigualdades existentes: niños, mujeres y ancianos (Gosta Esping-Andersen y Bruno Palier, Los tres grandes resto del Estado del bienestar). En definitiva, toda la "crisis" de la izquierda se reduce a la necesidad de lograr un nuevo relato que le ayude a enfrentarse a los problemas del siglo XXI. Sin renunciar a sus valores y principios, debe seguir persiguiendo la causa que le mueve. Como ha hecho siempre, cuando la realidad cambia, la izquierda también cambia.
El Pais 20/06/2010

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