En Rosarno (Italia), con la fuerza bruta, y en Vic (España), negándoles el empadronamiento y por tanto la identidad civil (educación, salud y cobertura de las necesidades básicas), Europa se libra de los extranjeros no deseados.
Queríamos un joven, soltero, centroafricano, musulmán no practicante, para la agricultura de primor española o italiana; una mujer de mediana edad, con cargas familiares en origen, de tez clara, y católica practicante para el servicio doméstico; peones, sin familia, que vivan en las obras donde trabajan, y dispuestos a la movilidad continua de tajo en tajo, para la construcción; mujeres y hombres sin horario laboral para la hostelería, la limpieza industrial y el comercio; conductores incansables para el transporte y la distribución de mercancías; mujeres jóvenes y con formación sanitaria para las residencias de tercera edad..., todos ellos dispuestos a cobrar un 40% menos que la media, porque se reconocen menos productivos, que accedan sin condiciones previas a su puesto de trabajo, y que, en la medida en que puedan, se hagan invisibles en lo cotidiano... pero llegaron personas.
El contrato de extranjería es la punta del iceberg del contrato social con el que pretendemos rearmar la democracia europea, el más burdo, el más explícito, el más hiriente, pone de manifiesto la estructura de dominación en que se fundamenta la UE y cuestiona la legitimidad del sistema político que se pretende establecer.
Al negar la capacidad de decisión y actuación a los inmigrantes (extranjeros que vienen a trabajar) nos la están negando a todos los trabajadores.
No es sólo racismo, se trata de la economía, de la distribución de rentas en ambas orillas de la migración.
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